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lunes, 27 de noviembre de 2006

Corrupción en la salud

La salud en Colombia, es un sector que ha venido en menoscabo no sólo por las conductas indebidas de los diferentes funcionarios de centros de salud públicos y privados, de bajo o alto nivel, sino también por el deterioro en la calidad de atención al usuario en busca del ahorro por parte de EPS, ARS, IPS, ARP, etc.

Según lo precedente, tenemos dos variantes para analizar de la corrupción en el área de la salud.

Lo peor de todo esto, es que la corrupción en este sector afecta directamente y con un alto impacto a la población más necesitada, a los más pobres, porque es ella la que en ultimas padece las deficiencias causadas por este flagelo, como carencias de medicamentos por lo hurtos sucesivos en los diferentes centros de salud, la mala destinación y hurto de los recursos por los ladrones de “cuello blanco”.

Otro tópico para destacar en esta materia, es la falsificación de medicinas, que en muchos de los casos tienen como responsable profesionales del área de la salud, químicos, médicos, científicos, etc. Este irresponsable hecho mata a miles de personas y favorece la diseminación de enfermedades inmunes a los medicamentos.

La corrupción en la salud, es quizás, la peor tragedia para el concepto de la dignidad en los enfermos y usuarios, porque es un hecho que se paga con el sufrimiento humano.

Así como se considera que la Ley 100 de 1993 trajo consigo diversos aspectos positivos, también muchos estiman que convirtió la salud en un negocio muy prospero, donde se ve toda clase de ‘torcidos’ en los centros asistenciales para obtener cada vez más partidas presupuestales del gobierno de turno. En otros casos los empresarios de la salud ofrecen dádivas a los Congresistas para que sean aprobadas leyes que cada vez los enriquecen más sin dirigir parte de esa grandiosa plusvalía a los más necesitados que con el transcurso del tiempo padecen impotentes una atención que está por debajo de los niveles de una clínica canina inclusive, es triste reconocerlo, pero es así.

Según la Organización Transparency International la industria de la salud y afines es un negocio que mueve alrededor de US$ 3 BILLONES anuales en el mundo y es precisamente esta liquidez monetaria la que promueve las conductas corruptas.

Adicionalmente se puede acotar que algunas clínicas privadas sirven de ejecutores instrumentales para el enriquecimiento ilícito y lavado de de grandes capitales de dudosa procedencia, con adquisiciones de equipos demasiado costosos comparados con la demanda de pacientes y costos de operación. Igualmente en centros públicos ya es habitual que partidas presupuestales destinadas al sostenimiento de la entidad terminen en el peculio privado de sus funcionarios de alta jerarquía como observar también, en aquellos centros con una planta de personal numerosa integran empleados que no existen pero sin embargo les consignan su salario y honorarios, otros si existen pero nunca laboran.

Y es que esta industria de la salud es todo un negocio donde juegan diversas estrategias, dentro de ella, la del mercadeo de medicamentos, cuando muchas multinacionales “compran” a los médicos para que receten o diseñen tratamientos con medicinas específicas sin que se ataque efectivamente la enfermedad del paciente o lo formulado sea insuficiente o poco idóneo para una patología exigente.

En Colombia, algunas EPS’s suelen exigirle al enfermo, la fotocopia de su cédula de ciudadanía y su carné de salud porque ya tienen la máquina fotocopiadora en sus instalaciones lo que les genera un ingreso adicional, cuando la Superintendencia Nacional de Salud ha sido reiterativa advirtiendo que esta carga la debe asumir el centro si dentro de sus procedimientos administrativos así se ha concebido, y no el usuario que solo está obligado a exhibir su carnet del proveedor de servicios de salud. Del mismo modo, no es sorprendente la noticia de que un ciudadano le fue cobrado algún servicio que la ley ha establecido gratuito o dentro del P.O.S.

Dentro de casos sorprendentes denunciados en las querellas que llegan cada día a la Superintendencia referida, se acusa la entrega de medicamentos de muy bajo costo que ni siquiera posee el registro del Invima en el exterior de su empaque, lo cual es política de muchas entidades para bajar costos al máximo donde el mismo personal de la salud es sacrificado con remuneraciones salariales irrisorias que no se compadecen con su nivel de instrucción y experiencia.

Muchos de los fondos constituidos con donaciones para afrontar posibles epidemias o enfermedades catastróficas son saqueados o desviados sus recursos porque no suelen tener doliente propio por ser dineros que no provienen de una inversión privada

Ahora con la despenalización parcial del Aborto en Colombia, muy seguramente se tendrá conocimiento que muchos centros realizan este tipo de intervenciones a cambio de jugosas sumas de dinero sin acoger un procedimiento que verifique la real existencia de las causales establecidas por la Corte Constitucional que no tipifican este delito.

En conclusión se puede afirmar sin lugar a dudas, que la corrupción en la salud, conlleva al irrespeto de la dignidad humana, a mayores niveles de pobreza, al empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que muchas veces eligen comer antes que gastar altas sumas en medicamentos.
En últimas como solución a esta problemática podrían implementarse procedimientos que garanticen la transparencia no sólo en el ejercicio de la atención de salud, si no en todos los campos, manejo y destinación de recursos, adopción de manuales de procedimiento, códigos de conducta, estricta vigilancia e inspección a los insumos de proveedores de fármacos, otorgar mayor participación ciudadana a través de mecanismos fáciles de denuncia, cómodo acceso a la información, propagación de los derechos y acciones de lucha anticorrupción, rigurosidad en los pensum e inclusión de materias sobre ética en las diferentes universidades, sanciones efectivas y ejemplarizantes a empresas prestadoras de salud, etc.

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